México y La ‘narcodemocracia’

México y la ‘narcodemocracia’

Carlos Lomelí Bolaños es un empresario farmacéutico cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, y es también candidato a la alcaldía de Guadalajara, Jalisco, por el partido Morena. Lomelí es un candidato que ejemplifica cómo la delincuencia organizada y el Gobierno se toman de la mano uniendo al empresariado, la política y la criminalidad. Según un reporte de la Agencia de Investigación de la Administración de Control de Drogas de EEUU, DEA por sus siglas en inglés, este empresario vendió al cártel de Sinaloa precursores químicos para fabricar drogas, y las autoridades norteamericanas le incautaron 2,2 millones de euros vinculados a esas ventas. Lomelí es propietario de las empresas farmacéuticas Lomedic y Solfran, lo cual le da acceso legal a químicos como las tabletas Lovarin-P, con las cuales se fabrican metanfetaminas, que los grupos criminales elaboran para su venta y distribución mundial.

La organización periodística Latinus obtuvo el expediente del juzgado de El Paso, Texas, de enero del 2011. En ella el juez Frank Montalvo establece que el candidato Lomelí y su esposa tenían conocimiento de que vendían los precursores a miembros del cártel más letal de México; además, se demostró que blanqueaban capitales. Según consta en archivos judiciales, el candidato firmó reconocimiento de culpabilidad mientras el organismo contra el blanqueo de capitales con sede en Washington, OFAC, congeló tres cuentas del empresario debido a sus operaciones ilícitas.

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En 2015, con el expediente criminal a cuestas, Lomelí se convirtió en diputado federal; el 2018 se lanzó como candidato a gobernador de Jalisco; al perder las elecciones, el presidente López Obrador lo nombró delegado representante del Gobierno nacional. En julio de 2019, el organismo dedicado a investigar a funcionarios públicos corruptos abrió un expediente a Lomelí por vínculos con el crimen organizado y este se vio obligado a renunciar como representante del presidente; al mismo tiempo se descubrió que el Gobierno le estaba comprando medicamentos a sus farmacéuticas vía contratos preferenciales. Lomelí es la muestra fiel de cómo se construye la protección política del empresariado que habita las zonas grises entre la política y el crimen.

México enfrentó el 6 de junio las elecciones intermedias más importantes de su historia actual. Morena, el partido del presidente, mantuvo, con sus aliados, la mayoría absoluta, pero no la suficiente para cambiar las reglas del juego marcadas en su proyecto de cuarta transformación. Dos semanas antes de las elecciones, se había asesinado a 34 precandidatos y candidatas a puestos de elección popular, aunque en realidad se dieron en los últimos tiempos 450 ataques y amenazas a quienes entraron en las contiendas políticas; no se ha documentado una oleada de violencia electoral tan grave en ningún otro país democrático del mundo.

El 25 de mayo, la candidata a la alcaldía Alma Barragán Santiago fue asesinada a balazos en un acto de campaña frente a 200 personas, en la conservadora provincia de Guanajuato. Las autoridades provinciales afirman que el hijo de la candidata es supuestamente lugarteniente del cártel Jalisco Nueva Generación y que el ataque salió del cártel enemigo. De todos los ataques solo hay seis detenciones y las víctimas pertenecen a todos los partidos políticos de México. Pero ¿por qué es el país donde se asesina a más personas en la política? Por la misma razón por la que es el país más peligroso para ser periodista.

El concepto ‘narcodemocracia’ no es exclusivo de México; se ha usado en Colombia, Brasil, Venezuela, Nigeria e incluso Italia. Sin embargo, resulta impreciso, porque no son solo los cárteles de las drogas quienes han construido un entramado social para poder involucrarse directamente en la política; son los grupos de delincuencia organizada que se dedican a cuatro ramas principales del crimen transnacional: el tráfico de armas; la siembra, fabricación, trasiego y venta de drogas; la trata de personas para explotación laboral y sexual y para tráfico de órganos; y la creación de redes financieras y empresariales para el blanqueo de capitales.

No es casualidad que la mayoría de víctimas políticas fueran candidatas a alcaldías, regidurías, síndicos y diputaciones locales, pues son los puestos de poder público desde los que los grupos de delincuencia organizada operan localmente; es decir, para que subsista el poder nacional e internacional de una organización criminal es preciso que sus brazos armados tengan el menor desgaste y el negocio prospere regionalmente en un ambiente de ilegalidad e impunidad, de ‘pax’ mafiosa. Para que delitos como el tráfico de drogas y la esclavitud humana funcionen, es preciso que estos grupos tengan control sobre las policías locales, los jueces y las determinaciones de las alcaldías, por ejemplo, para los permisos de apertura de bares, prostíbulos, casas de apuestas, centros nocturnos y casas de cambio; es decir, los espacios de crecimiento económico de los cárteles.

La batalla es, en una modalidad, para que una o un candidato afín a los grupos criminales opere ilegalmente desde el aparato gubernamental sin oposición; en una segunda manera, los grupos criminales amenazan a las y los candidatos para que respeten el poder y las negociaciones de la Administración anterior con el cártel; si se niegan o se pronuncian en contra de la impunidad, reciben ataques mortales. La tercera forma, muy común, es aquella en que algún empresario millonario vinculado con la delincuencia organizada invierte en campañas políticas para comprar la voluntad de alcaldes, legisladoras, jefes policiacos o fiscales. Todas han sido documentadas muchas veces, y muy pocas llegan al juzgado.

Desde 2006, en México se han registrado 75.000 desapariciones de personas, según la Comisión Nacional de Búsqueda del Gobierno federal. Cada día se registra un promedio de 11 feminicidios y más del 90% quedan sin investigación y castigo. La violencia mexicana está directamente relacionada con la corrupción política y empresarial; para comprenderlo hay que entender que entre la sociedad y el Estado existe una zona gris de redes informales de protección a la delincuencia organizada. Estas redes están conformadas por militares y marinos, policías, personal del servicio secreto, fiscales y directivos del sistema penitenciario.

La experta en delincuencia organizada Sandra Ley y el consultor en seguridad ciudadana Guillermo Trejo llevaron a cabo en 2021 un estudio que demuestra el papel fundamental de las fuerzas militares y policiacas como escudo de protección de las redes criminales. Desde los 80, en que los cárteles surgieron en Latinoamérica, estaban conformados por militares y policías locales que tejieron finas conexiones entre actores criminales y políticos. Trejo afirma que México transitó de gobiernos autoritarios del unipartidismo del PRI a una democracia electoral pluripartidista autoritaria que no se atrevió a desmontar esas redes. Él afirma que “la gente cree que México transitó a una democracia liberal cuando salió el PRI y entró el PAN con Vicente Fox, pero lo que pasó es que la derecha creó una democracia deficitaria” al negociar con el PRI para erradicar el proyecto de justicia transicional que, de ponerse en práctica, afectaría el corazón del poder de ese partido. El Gobierno de la transición cambió la forma pero nunca el fondo.

El presidente de la transición democrática, Vicente Fox, dejó intocada la estructura de protección de los grupos de delincuencia organizada. Su sucesor, Felipe Calderón, fortaleció la violenta militarización de las policías civiles, mientras los gobernadores de los estados comenzaron a poner a militares a cargo de la seguridad pública; el Ejército fortaleció su esencia autoritaria, siguieron aplastando a la oposición, la policía civil y la fuerza social; y al aumentar la violencia, los gobernantes y una parte de la sociedad pedían más mano dura. Esto acrecentó la violencia; es así como los gobiernos, desde Fox hasta López Obrador, han administrado la tragedia de la corrupción sin voluntad de erradicarla, sin crear comisiones de la verdad, búsqueda de reparación y justicia.

La historia de los gobiernos autoritarios de izquierda, centro o derecha de Latinoamérica nos ha demostrado que las democracias más débiles mantienen la mano dura para evitar la insurrección social. “Si no hay Fiscalía independiente ni policías civiles bien preparadas con salarios dignos y rendición de cuentas, no hay democracia”, asegura Ley, que demuestra que las fuerzas armadas siempre han estado enquistadas en el poder político mexicano. Trejo coincide, con preocupación: “Tenemos datos duros que señalan la creciente transferencia de la seguridad pública a manos de las fuerzas armadas: esto demuestra que el Gobierno actual, como los anteriores, tiene una gran renuencia a retirar las fuentes autoritarias de poder coercitivo”. Dice que las prácticas poco democráticas que violan los derechos humanos favorecen la opacidad y eventualmente debilitan la competencia electoral con su alternancia partidista, y fortalecen indirectamente las zonas grises que afianzan los vínculos entre quienes gobiernan y quienes infringen la ley. A ello hay que sumarle que López Obrador ha entregado al Ejército la construcción del nuevo aeropuerto de la capital mexicana y la del Tren Maya. El Ejército construye y operará esas dos infraestructuras de vital importancia para las comunicaciones del país; el mismo Ejército infiltrado por la delincuencia organizada en sus altos mandos.

A pesar de las complejidades que enfrenta la sociedad mexicana, de 127,8 millones de habitantes, hay funcionarias y funcionarios públicos que intentan dar la batalla contra la impunidad histórica. Su tarea no es fácil, se enfrentan al enemigo dentro y fuera del Gobierno. Es el caso del director de la Unidad de Delitos Financieros, Santiago Nieto, que, por primera vez en la historia de México, ha logrado evidenciar sin lugar a duda el nivel de incrustación del dinero producto del crimen en la economía formal, del sistema financiero y electoral. Hace poco, Nieto reveló que solo en dos años los grupos de delincuencia organizada en México han ganado 41.000 millones de euros producto de la trata y tráfico de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas y otros delitos vinculados. Su equipo ha logrado congelar cuentas bancarias de diversos criminales, empresarios, políticos y narcotraficantes y su trabajo nos ayuda a evidenciar, como si mirásemos una radiografía, en qué áreas del Gobierno se hallan los protectores del crimen, los dueños del área gris que fomenta la impunidad.

México aún no ha encarcelado a un solo empresario que haya pagado la campaña de un senador, diputado, alcalde o gobernador para que este le proteja al cometer ilícitos. Existen casos notables que siempre terminan bajo el manto del perdón judicial gracias a los hábiles movimientos de los operadores del área gris.

López Obrador ha dedicado dos años a hacer conferencias de prensa matutinas diarias para dictar la agenda de medios y evitar, tanto como puede, que las y los periodistas cubran a las fuentes políticas sin que medie la voz presidencial. Su modelo político autoritario no es nuevo: su carrera nació en el PRI, el partido que construyó el sistema de corrupción institucional más solido del continente americano. El presidente dedica sus mañanas a descalificar a las y los periodistas que analizan y critican a su Gobierno o que señalan la creciente impunidad a partir de la militarización del país; ataca a quienes exhiben sus yerros; ha dicho sistemáticamente que la sociedad civil mexicana, los movimientos feministas y de derechos humanos, quienes defienden el medio ambiente y evidencian la corrupción conspiran en su contra, porque evidencian la debilidad del Estado –que aparentemente es él mismo– y su raquitismo institucional para impartir justicia.

No es el primer presidente que busca erradicar las fronteras entre su persona y la noción de la patria: él es el país, su patriarca, el creador de un México nuevo basado en una cuarta transformación que no es judicial, ni ética sino moral e ilusamente religiosa.

Su discurso populista ha generado una gran frustración en la izquierda mexicana, no porque desee favorecer a la población más pobre, auxiliada solo con pequeños programas de ayudas para maquillar la pobreza; probablemente, el mayor daño que hace al país radica en su ceguera para reconocer la existencia del edificio de zona gris que lleva cien años imposibilitando la existencia de un Estado de derecho. El presidente cree que puede inventarse una realidad a modo, en la que la sociedad es buena, las personas más pobres son humildes, bondadosas y democráticas y los únicos empresarios buenos son los que le ayudaron en su campaña, como Lomelí Bolaños. Él cree fervientemente que decretar es transformar; por tanto, decreta que desde que llegó al poder los feminicidios están a la baja y no al alta, la trata de personas es casi inexistente y no crece la violencia, tal como lo demuestran las cifras de su propio equipo de Gobierno. Considera que la exposición de la realidad con datos y evidencia judicial y periodística carece de importancia frente a su palabra autoritaria. Como un buen hijo del patriarcado mexicano, está convencido de que con buena voluntad y negociando con la delincuencia organizada México se está pacificando. Como sus cuatro antecesores en esta deficitaria transición democrática, López Obrador se ha negado a desmontar las fuentes autoritarias del poder coercitivo, a implementar programas de justicia transicional, a fortalecer el papel de la sociedad civil organizada y a respetar la libertad de expresión.

En esta democracia endeble, sin Estado de derecho, las redes que unen las manos entre ‘narcodemocracia’ y sociedad seguirán fortaleciéndose. En su contraparte están los pequeños oasis creados por el periodismo libre que no se da por vencido, las y los funcionarios públicos, juezas y militares independientes que anteponen la ética a la feligresía política; el empresariado que trabaja por una economía limpia; a su lado, también resisten las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos.

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